La muerte les sienta bien

Durante el 2007 la municipalidad de Vicente López decidió intervenir el Cementerio de Olivos, denunciado por ventas de bóvedas que culminaban con cremaciones que no se realizaban.

La señora Dalastra quería vender la bóveda familiar que tenía en el Cementerio de Olivos, Vicente López. Ése fue el motivo que la llevó hasta las oficinas administrativas del cementerio, ubicado en la calle Pelliza al 3100 de ese mismo barrio. Una persona que dijo ser empleada del lugar le informó sobre un tercero interesado en la adquisición de una bóveda.
Por datos recaudados, el supuesto empleado podría uno de los principales acusados en la reventa de bóvedas, el arquitecto Héctor De Martino.
Dalastra aceptó y le dijo al municipal que el precio era de diez mil pesos. El empleado se ofreció a hacerse cargo de la venta, vaciar la bóveda y mandar a cremar los restos que se encontraran dentro, además de entregarle las cenizas y el restante de la plata. A esos diez mil, había que descontarle los gastos por la incineración del cuerpo –ya que el cementerio no cuenta con un crematorio propio y se deben mandar los restos al del partido de San Martín- y el cambio de titularidad.
Los trámites se iniciaron pero de una manera poco clara. Los restos del familiar de Dalastra nunca llegaron a San Martín y el cambio de titularidad nunca se concretó. Esta estafa no le ocurrió solo a Dalastra. A raíz de la denuncia que ella presentó –que fue la primera- se descubrieron ya más de 20 casos concretos y se estima que podrían llegar a ser cientos de casos.
El actual director del Cementerio, Albino Heer, quien le presentó el caso al Intendente Comunal, Enrique García, y decidió llevar los hechos ante el Tribunal de San Isidro para comenzar con la investigación sobre las irregularidades, le explicó a este medio la estafa que giraba en torno a la venta de bóvedas: “De Martino ponía los cuerpos en unas bóvedas abandonadas , las cuales están ahora clausuradas, cobraba la cremación que nunca realizaba, se quedaba con esa plata y –además- en vez de cobrar diez mil pesos al interesado en comprarla, le cobraba cinco mil o más. Como lo hacía sin declarar nada, nunca entregaba el cambio de titularidad, porque nunca lo realizaba”.
Heer presentó todas las pruebas ante el tribunal municipal de faltas de Olivos donde se abrió la causa número 24.080 y de ahí pasó a la justicia, donde no sólo De Martino está imputado: los ex subdirectores del cementerio, Héctor Tremoulet y Anabel Pérez, lo acompañan. Ambos tienen prohibida la entrada al cementerio, aunque por el momento realizan trabajos administrativos en la Dirección de Obras Municipales, que depende de la misma Secretaría que el Cementerio, hasta tanto la justicia se expida.
El juez que tiene a cargo la causa en el Tribunal de Faltas de Vicente López es Jhon Bloyard. De recaudar la información necesaria, es posible que se lleve a la instancia de un Juicio Penal en el cual los principales acusados serían, hasta el momento, De Martino, Tremoulet y Pérez.
Compañeros de trabajo de Tromoulet cuentan que el niega su participación en la reventa y que su argumento se basa en que, al momento de las estafas, el cementerio estaba dividido en varias oficinas y que el se encargaba de otros trámites.
Otro de los pasos a seguir es encontrar a todas las personas que fueron Directores en el cementerio para que agreguen más datos o argumenten por qué no estaban al tanto, o -si lo estaban-, para que expliquen por qué no denunciaron las irregularidades.
Heer asegura que “aquel director que no denunció no fue porque no vio nada, sino porque omitió. De ser así, es participe de todo”. Es por eso que desde la municipalidad sospechan que son muchas más las personas involucradas. Además, sería muy difícil hacer semejante manipulación y traslados de cuerpos sin contar con la ayuda de varios empleados. Manejando esa hipótesis, se sospecha que también podría estar involucrado Norberto Ramón Ochoa, capataz inhumador, quien renunció a su trabajo cuando se descubrió la maniobra.
La resolución de este caso no va a ser rápida. Primero, porque se desconoce el número de gente afectada y la cantidad de años en que se realizó la estafa. Segundo, porque puertas adentro de la municipalidad varios funcionarios públicos prefieren que no avance.
Mientras tanto, la justicia avanza sobre este caso y busca más imputados. Las personas que sospechen haber sido estafadas tienen que denunciar y aportar todos los datos que puedan, para conseguir así la evidencia necesaria.
Los mitos de terror que rondan en los cementerios son muchos, pero esto es un caso verídico. Ahora está en manos de la justicia el final de esta historia.